07/06/2010 M. NAVARCORENA.
Llevan casi cuatro años esperando a que se ejecute la orden firmada por el consejero de Obras Públicas para la devolución de los 101.802 euros que pagaron de sobreprecio por una VPO de segunda mano en el Actur, cuyo precio máximo era de 40.338,35 euros. Cuentan con una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Aragón del mes pasado. Y, a pesar de todo, es cuestión de días el que puedan perder su piso por ejecución hipotecaria si desde la Dirección General de Vivienda no se dicta la orden para el inmediato reintegro del dinero.
La desesperada situación económica de este matrimonio, que tiene dos hijas, una de ellas con una enfermedad que exige cuidados continuos, se agrava desde el punto de vista personal. Un cúmulo de circunstancias provocadas por la mala suerte propició que ambos perdieran el empleo.
El marido, Felipe G.T., hace casi año y medio por un ERE. Y la mujer, Asunción F. M, tras dedicarse al cuidado de su pequeña, encontró finalmente un trabajo "pero está de baja tras caerle encima del coche una piedra cuando circulaba por la carretera de Jaca. Lleva ya seis operaciones en la mano", cuenta su hermana.
Compraron el piso desconociendo, aseguran, que desembolsaban una importante cantidad de dinero en negro. Y a las horas de haberlo adquirirlo, denunciaron la compraventa.
Pero los acontecimientos se aceleraron tras nacer su segunda hija. Una niña con una malformación grave que obligó a sus padres a constantes desplazamientos al hospital Valle de Hebrón de Barcelona. La falta de ayudas por parte de todas las Administraciones las denunció la madre en este diario, ya que no podían cubrir los gastos que necesitaba su hija.
A día de hoy "entre los dos cobran al mes unos 500 euros, mientras que la hipoteca ronda los 1.200. Así que llevan seis meses sin poder pagar la cuota entera. Y por eso han recibido el aviso del banco de embargo ejecutable", añade.
Ejecuciones bancarias
Si la orden del Gobierno de Aragón se hubiera ejecutado, esto no habría pasado, reconoce en su escrito el abogado de la familia, Santiago Palazón. Quien destaca que sea el mismo banco que otorgó el préstamo el que dicta dicha ejecución, que va acompañada del embargo de cuentas, incluidas también las de los avalistas.
"El banco, que nosotros entendemos que ha colaborado de una u otra manera en todo el proceso de compraventa con sobreprecio, no nos ha dejado siquiera renegociar la deuda", se lamenta la hermana, y también avalista, de Asunción.
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