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R. BIOT / A. BALAGUER - Alicante - 13/12/2010
Las dificultades financieras del Consell para hacer frente a sus obligaciones como administración son conocidas. Los problemas de liquidez de la Consejería de Economía está creando un serio problema a los registradores de la propiedad. Paradójicamente, los responsables de liquidar y de recaudar los impuestos autonómicos no cobran del Consell desde hace 14 meses.
Las dificultades financieras del Consell para hacer frente a sus obligaciones como administración son conocidas. Los problemas de liquidez de la Consejería de Economía está creando un serio problema a los registradores de la propiedad. Paradójicamente, los responsables de liquidar y, en algún caso, de recaudar los impuestos autonómicos no cobran del Consell desde hace 14 meses, cuando la obligación del departamento que dirige el vicepresidente tercero, Gerardo Camps, es pagarles mensualmente el porcentaje que reciben por prestar este servicio a la Generalitat.
En todo el territorio valenciano existen alrededor de 130 registros de la propiedad, de los cuales 62, además de los servicios propios, se encargan de recaudar para el gobierno valenciano el impuesto de sucesiones y donaciones, que se rige por una tabla de valores; el de transmisiones patrimoniales, una autoliquidación que representa el 7% del valor de la compraventa de inmuebles y los actos jurídicos documentados, al que se aplica el 1%. La Generalitat preveía ingresar este año en concepto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados más de 1.420 millones de euros, según consta en los Presupuestos de 2010.
Cada una de las 62 oficinas liquidadoras del registro envía sus facturas y recibe de Economía el 4% de lo que recauda hasta un límite a partir del cual cobra al 2% como una especie de corretaje por los servicios que presta. Pero la Generalitat lleva 14 meses quedándose todo el dinero y sin liquidar nada a las oficinas, una situación que ya ha llevado a una de ellas de la provincia de Alicante a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Otras oficinas consultadas se verán abocadas esta misma semana a acometer una reducción de más de la mitad de su plantilla y hay quien trata de "aguantar el tirón" centrándose en la actividad tradicional de los registros como fuente de ingresos.
Esta grave situación se explica también por la especial manera de retribuir a sus trabajadores que tienen los registros de la propiedad, que realizan esta actividad recaudadora desde hace varios siglos, recuerdan fuentes del colectivo. De lo que cada uno recauda mensualmente, se pagan las cotizaciones de los empleados y los gastos generales de la oficina. Y del dinero que queda limpio, un 60% es para el registrador y el 40% restante se lo reparten los trabajadores en función de su categoría laboral.
Muchos de los registros con oficina liquidadora tienen más de la mitad de su facturación vinculada a los reintegros de la consejería. Pero como hace más de un año que la Generalitat no paga, los registradores tampoco pagan a sus trabajadores. Esta situación ha abocado a algunos de los trabajadores de estas oficinas a situaciones límite, porque el salario mínimo interprofesional que tienen garantizado es anual y, en todo caso, si no lo alcanzan lo completan en diciembre. El resto del año deben subsistir con la parte del 40% que les corresponda. Hay trabajadores tan en precario que llevan cobrando dos nóminas mensuales inferiores a 100 euros, y otros a los que están a punto de embargarles su casa. Algunos empleados, que prefieren mantener el anonimato, alertan de la precaria situación que viven a pesar de que no les falta el trabajo sino la remuneración y del riesgo de que se produzcan numerosos despidos si la situación no se endereza.
El importe total que adeuda la Consejería de Economía a los 62 registros liquidadores es difícil de calcular porque la Generalitat liquida con cada oficina directamente, aunque el monto, por las cantidades que adeuda a alguno de ellos, puede rondar fácilmente los 20 millones de euros.Este periódico ha intentado conocer sin éxito a través del Decanato del Colegio de Registradores la suma total adeudada por el Consell, pero solo en la provincia de Alicante las cifras oscilan entre los 200.000 euros que deben a algunos registros pequeños de La Vega Baja, los más de 300.000 de Guardamar o los 700.000 de Torrevieja. Muchos de ellos están en el entorno del medio millón de euros. El Decanato se limitó a asegurar que no podía hacer "ningún pronunciamiento" sobre este tema porque no forma parte de sus cometidos.
Otras fuentes del mismo organismo han confirmado que los registradores ya han estado a punto de plantarse y hacer dejación recaudatoria de sus funciones para el Consell, y ante la situación generada incluso se ha llegado a plantear el traspaso al gobierno valenciano de estas oficinas con sus plantillas, pero hasta ahora no se ha conseguido ni siquiera consensuar un calendario de pagos para recuperar el dinero que, en realidad, se ha quedado indebidamente la Consejería de Economía. En parte porque, a diferencia de los abogados del turno de oficio que cobran de su colegio previa transferencia del Consell, cada oficina liquidadora pasa sus cuentas directamente y el Consell trata con 62 clientes diferenciados.
Otro problema añadido es que todos estos impuestos se liquidan con IVA y la factura de cada oficina también se remite a Economía con el 18% de este impuesto. Así que los registradores no solo no han cobrado en 14 meses el dinero que les ha requisado el Consell, sino que además han tenido que ingresar el IVA de todas las facturas que le han emitido los cuatro últimos trimestres.
Las dificultades financieras del Consell para hacer frente a sus obligaciones como administración son conocidas. Los problemas de liquidez de la Consejería de Economía está creando un serio problema a los registradores de la propiedad. Paradójicamente, los responsables de liquidar y de recaudar los impuestos autonómicos no cobran del Consell desde hace 14 meses.
Las dificultades financieras del Consell para hacer frente a sus obligaciones como administración son conocidas. Los problemas de liquidez de la Consejería de Economía está creando un serio problema a los registradores de la propiedad. Paradójicamente, los responsables de liquidar y, en algún caso, de recaudar los impuestos autonómicos no cobran del Consell desde hace 14 meses, cuando la obligación del departamento que dirige el vicepresidente tercero, Gerardo Camps, es pagarles mensualmente el porcentaje que reciben por prestar este servicio a la Generalitat.
En todo el territorio valenciano existen alrededor de 130 registros de la propiedad, de los cuales 62, además de los servicios propios, se encargan de recaudar para el gobierno valenciano el impuesto de sucesiones y donaciones, que se rige por una tabla de valores; el de transmisiones patrimoniales, una autoliquidación que representa el 7% del valor de la compraventa de inmuebles y los actos jurídicos documentados, al que se aplica el 1%. La Generalitat preveía ingresar este año en concepto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados más de 1.420 millones de euros, según consta en los Presupuestos de 2010.
Cada una de las 62 oficinas liquidadoras del registro envía sus facturas y recibe de Economía el 4% de lo que recauda hasta un límite a partir del cual cobra al 2% como una especie de corretaje por los servicios que presta. Pero la Generalitat lleva 14 meses quedándose todo el dinero y sin liquidar nada a las oficinas, una situación que ya ha llevado a una de ellas de la provincia de Alicante a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Otras oficinas consultadas se verán abocadas esta misma semana a acometer una reducción de más de la mitad de su plantilla y hay quien trata de "aguantar el tirón" centrándose en la actividad tradicional de los registros como fuente de ingresos.
Esta grave situación se explica también por la especial manera de retribuir a sus trabajadores que tienen los registros de la propiedad, que realizan esta actividad recaudadora desde hace varios siglos, recuerdan fuentes del colectivo. De lo que cada uno recauda mensualmente, se pagan las cotizaciones de los empleados y los gastos generales de la oficina. Y del dinero que queda limpio, un 60% es para el registrador y el 40% restante se lo reparten los trabajadores en función de su categoría laboral.
Muchos de los registros con oficina liquidadora tienen más de la mitad de su facturación vinculada a los reintegros de la consejería. Pero como hace más de un año que la Generalitat no paga, los registradores tampoco pagan a sus trabajadores. Esta situación ha abocado a algunos de los trabajadores de estas oficinas a situaciones límite, porque el salario mínimo interprofesional que tienen garantizado es anual y, en todo caso, si no lo alcanzan lo completan en diciembre. El resto del año deben subsistir con la parte del 40% que les corresponda. Hay trabajadores tan en precario que llevan cobrando dos nóminas mensuales inferiores a 100 euros, y otros a los que están a punto de embargarles su casa. Algunos empleados, que prefieren mantener el anonimato, alertan de la precaria situación que viven a pesar de que no les falta el trabajo sino la remuneración y del riesgo de que se produzcan numerosos despidos si la situación no se endereza.
El importe total que adeuda la Consejería de Economía a los 62 registros liquidadores es difícil de calcular porque la Generalitat liquida con cada oficina directamente, aunque el monto, por las cantidades que adeuda a alguno de ellos, puede rondar fácilmente los 20 millones de euros.Este periódico ha intentado conocer sin éxito a través del Decanato del Colegio de Registradores la suma total adeudada por el Consell, pero solo en la provincia de Alicante las cifras oscilan entre los 200.000 euros que deben a algunos registros pequeños de La Vega Baja, los más de 300.000 de Guardamar o los 700.000 de Torrevieja. Muchos de ellos están en el entorno del medio millón de euros. El Decanato se limitó a asegurar que no podía hacer "ningún pronunciamiento" sobre este tema porque no forma parte de sus cometidos.
Otras fuentes del mismo organismo han confirmado que los registradores ya han estado a punto de plantarse y hacer dejación recaudatoria de sus funciones para el Consell, y ante la situación generada incluso se ha llegado a plantear el traspaso al gobierno valenciano de estas oficinas con sus plantillas, pero hasta ahora no se ha conseguido ni siquiera consensuar un calendario de pagos para recuperar el dinero que, en realidad, se ha quedado indebidamente la Consejería de Economía. En parte porque, a diferencia de los abogados del turno de oficio que cobran de su colegio previa transferencia del Consell, cada oficina liquidadora pasa sus cuentas directamente y el Consell trata con 62 clientes diferenciados.
Otro problema añadido es que todos estos impuestos se liquidan con IVA y la factura de cada oficina también se remite a Economía con el 18% de este impuesto. Así que los registradores no solo no han cobrado en 14 meses el dinero que les ha requisado el Consell, sino que además han tenido que ingresar el IVA de todas las facturas que le han emitido los cuatro últimos trimestres.
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