Los concursos bloquean 21.000 millones de euros.

08.07.2010- Santander - Victoria Martínez-Vares  

El Colegio de Registradores de la Propiedad ha remitido a la Comisión encargada de reformar la Ley Concursal una propuesta encaminada a ofrecer más garantías a los acuerdos de refinanciación.

Así lo anunciaron ayer el decano de la institución, Alfonso Candau, y el Director del Centro de Estudios Registrales, Luis del Pozo, durante la presentación en Santander de la Estadística Concursal 2009.

Según dicha estadística, el 90% de los concursos acabó en liquidación. Asimismo, se ha constatado que el crecimiento (97%) de los concursos sigue siendo “espectacular” lo que, a juicio de Del Pozo, supone que “estamos llegando al techo de saturación de la capacidad de tramitación de los juzgados mercantiles”. Ello, unido a que los concursos tienen bloqueado un volumen de masa pasivo de 21.000 mil millones de euros, hace obligado potenciar las herramientas que permitan a las empresas llegar a acuerdos extrajudiciales que eviten el estigma del concurso así como la viabilidad de la compañía.

La estadística concursal registral recoge por primera vez los acuerdos de refinanciación inscritos durante 2009 que han llegado a la cifra de 90, implicando a pasivos por valor de unos quince mil millones de euros. Ello implica, según explicó Del Pozo, que las sociedades que hacen uso de este mecanismo son de gran tamaño y por lo general muy apalancadas y con fuerte presencia de créditos a corto plazo.

Pese a que este instrumento –con el que el regulador ha abierto el camino a una posible alternativa preconcursal a las empresas con dificultades para atender los contratos de financiación– está funcionando bien, los registradores estiman que debe mejorarse.

Del Pozo apuntó a que la futura reforma de la Ley Concursal debería contemplar la refinanciación de los grupos de empresa y definir mejor la responsabilidad del experto, entre otras cuestiones. Asimismo, desde el Colegio de Registradores proponen que se otorgue a los acuerdos de refinanciación el mismo plazo de gracia que el artículo 5.3 contempla para el deudor concursado.

Finalmente, ante el crecimiento de los concursos de persona física –consumidor o empresario individual– Del Pozo precisó que sería convienente habilitar un sistema específico para su tratamiento. Sobre esta cuestión señaló que “si queremos que los juzgados de lo mercantil no se colapsen sería necesario sacarlos de la regulación concursal”.

http://www.expansion.com/2010/07/08/juridico/1278624330.html

Fernández Tojo reclama 12.000 euros a extraconfidencial .com "por el daño moral" causado a raíz de las informaciones sobre sus áticos.

El Registro número 35 de Madrid deniega la solicitud de dos peticiones posteriores.

Hoy se celebra el acto de conciliación con el secretario general de CC.OO.

El Registrador, Francisco Labeira Riquelme, se alinea con la tesis sindical de una supuesta manipulación de documentos cuando fue él quien facilitó las notas registrales


Actualizado 8 julio 2010

El poder que debe otorgar ser secretario general de uno de los sindicatos más influyentes de este país. Como sabrán este periódico anticipó en exclusiva la adquisición de dos áticos por parte de Ignacio Fernández Tojo y su mujer Juana González Pérez en una privilegiada Cooperativa de Comisiones Obreras construida en Montecarmelo (Madrid). Aquella información se sustentó, fundamentalmente, en las notas registrales entregadas a este medio por el Colegio de Registradores a través de su servicio Registradores.org, al margen de otras verificaciones informativas.

Pues bien, sorpréndanse. El pasado 18 de Junio, a las 12 horas y 18 minutos, esta redacción recibía un correo electrónico con el título “Fernández Toxo”. Lo reproducimos por su interés y por lo inusual de la misiva:

“Don Gregorio Fernández, Director de Extraconfidencial.com. La nota informativa sobre la finca registral 52124 Sección 35 que se publicó en la web de extraconfidencial.com el día 25 de mayo de 2010 aparece manipulada según el archivo de notas simples que constan en este Registro de la Propiedad. Es una afirmación que se puede hacer con todas sus consecuencias y que es perfectamente demostrable cuando y donde sea preciso. La finca registral citada no aparece inscrita a favor de la persona que se indica en la nota publicada por ustedes. Esta comunicación se la voy a trasladar al Señor Ignacio Fernández Toxo. Madrid 18 de junio de 2010. El Registrador de la Propiedad D. Francisco Labeira Riquelme.”

Los extremos se tocan

Increíble que todo un Registrador de la Propiedad asegure que los documentos que reproducimos en su día aparecen manipulados cuando fue el propio servicio del Colegio de Registradores quien a través de Internet (Registradores.org), nos facilitó la referida información tras nuestra petición efectuada el día 21 de mayo. Insólito que desconozca que esos documentos que remiten no pueden ser manipulados ya que constan como “protegidos”; es decir, son inviolables. Alucinante que nos anticipe que esa documentación se la remitirá a Fernández Tojo (Señor Registrador, Tojo, no Toxo). ¿A petición propia y por deseo del secretario general de CC.OO.? ¿Qué tiene que ocultar?

Lo más sorprendente del caso es que, tras las informaciones publicadas por este diario digital y los desmentidos y amenazas de querellas, este diario digital volvió a solicitar la misma información –es decir, las propiedades que figuraban a nombre de Ignacio Fernández Tojo-, y la callada por respuesta. Exactamente, la petición se realizó los días 27 de junio y 3 de julio.

Y ya que el Señor Registrador asegura que “es una afirmación que se puede hacer con todas sus consecuencias y que es perfectamente demostrable cuando y donde sea preciso”, pues nada, Señor Labeira Riquelme, nos veremos en los Juzgados.

Más de 12.000 euros por daños morales

Y allí será porque el máximo responsable de Comisiones Obreras ha interpuesto a este periódico y a quien lo dirige una demanda de conciliación, que se celebra hoy. Sus representantes legales, tras dejar constancia de “la relevancia institucional de de Comisiones Obreras”, como primer sindicato del país y dado que, junto a UGT CSIF, han convocado una huelga general para el próximo mes de septiembre, consideran que las distintas informaciones publicadas por este periódico sobre la vivienda de Fernández Tojo “es manifiestamente incierta y que lesionan su dignidad, menoscabando su fama y atentando contra su propia estimación”.

Para no abrumarles, les destacamos lo más llamativo de esta demanda de conciliación:

1) “Se publica una foto aérea del edificio donde se encuentra su vivienda, foto trucada de forma tal que la piscina comunitaria parece estar incorporada a la misma y para hacerla parecer mucho más grande de lo que en realidad es, incorporando como piscina lo que se corresponde con la terraza del piso primero B”. Prueben ustedes a manipular una imagen extraída de Google Earth y a ver si pueden.

2) “La vivienda Ático letra A, como consta en el registro civil (sic), no es de mi mandante ni de su cónyuge, ni está unida a la suya, constituyendo cada una de ellas una vivienda independiente. Así pues, el extracto de la nota informativa de dominio y de cargas correspondiente a la vivienda ático letra A, contiene alteraciones dando la apariencia de que los titulares son Ignacio Fernández Tojo y su cónyuge, igualmente está alterado el INDUFIR y la fecha de inscripción haciéndoles coincidir con los correspondientes al Ático B propiedad de mi mandante”.

3) “Que la indemnización por el daño moral infringido a mi mandante se valora en 12.000 euros, sin perjuicio de que puedan derivarse perjuicios mayores en relación con una mayor difusión de la información publicada en extraconfidencial.com”. ¿Y el daño moral y material que sufrieron los cooperativistas que no pudieron acceder a esas viviendas privilegiadas y a los que no se les devolvió el importe de reserva?

4) “Reconocer haber hecho a mi representado objeto de las graves e intolerables ofensas que se han descrito”.

5) “A reparar en lo posible los perjuicios ocasionados, pidiendo disculpas a su entera satisfacción y comprometiéndose a dar a la petición de excusas la misma publicidad, al menos, que lo inultos tuvieron, todo a su entera costa, en su caso”.

Sin comentarios. Tan sólo una pregunta: ¿Por qué Ignacio Fernández Tojo omite en su demanda de conciliación otras muchas informaciones publicadas por este medio relacionadas con su vivienda?

http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=4727

El Gobierno aplaza tres años la creación de nuevas notarías por la crisis.

@D.Toledo - 07/07/2010 06:00h

Nadie se libra de la crisis. Ni los notarios. El Ministerio de Justicia prepara un real decreto en el que aplaza la puesta en marcha de nuevas notarías durante tres años, lo que supondrá que la creación de las entre 15 y 20 previstas para este ejercicio quede en stand-by hasta 2013. Todo un indicador de que el Gobierno no atisba una reactivación a medio plazo ni del mercado inmobiliario ni de las operaciones corporativas, principales fuentes de ingresos de este colectivo. “La crisis es tan grave que hay notarios y registradores en pérdidas”, asegura Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado, que ayer visitó El Confidencial.

¿Una medida lógica ante una plantilla sobredimensionada? Ojeda no lo ve así. “El número de 3.000 notarios es correcto. La crisis no se va a instalar de forma permanente. En 2012 ó 2013 alguna reactivación llegará”, argumenta. No obstante, sí admite que la última demarcación –la distribución de las notarias se revisa cada cinco años- se produjo en el momento de máxima expansión económica, en 2007, lo que pudo inflar algo las cifras en el colectivo. “Nadie tenía una bola de cristal. Yo nunca hubiera pensado que algunos registros y notarias iban a tener pérdidas un mes tras otro. Y los despachos están poniendo el dinero de su bolsillo sin casi acudir a medidas traumáticas”, asegura.

Ojeda, también decano del Colegio Notarial de Andalucía, apunta que la moratoria en la creación de notarias afectará en su territorio a municipios como Marbella, El Ejido o Alcalá de Guadaira. Así hasta 20 en toda España, sobre todo zonas costeras, que es donde más ha descendido la actividad notarial. Los notarios no son los únicos que afrontan épocas de vacas flacas. Los registradores seguirán la misma senda. “Hubo una demarcación para los Registros al mismo tiempo que la nuestra -apunta-. Y el Gobierno también está en la línea de retrasar en el tiempo la creación de plazas para que se adecúe al volumen de trabajo” del colectivo.

Víctimas del desplome inmobiliario

La recesión económica ha hecho estragos en alguno de los pilares del desempeño notarial. Sin ir más lejos, en la contratación inmobiliaria y en los créditos para facilitar la edificación y el acceso a la vivienda. “Los datos en construcción son terroríficos. Un ejemplo son los ingresos de los ayuntamientos, que se han visto muy afectados. En algún caso se ha pasado de 250 licencias de obra nueva al año a 50. Y eso repercute en las transmisiones y en las plusvalías”, subraya Ojeda. Hasta tal punto de que las notarías aguantan el tirón mirando al pasado. “Hemos vivido de lo que se construyó en 2007 y se escritura ahora”, admite el presidente de los notarios.

Y hay cifras. Ojeda asegura que la caída de la actividad se sitúa entre el 40% y el 70%. “En zonas costeras e islas, en su mayoría segundas residencias, la reducción es del 70%”, precisa. ¿Ha llevado la crisis a un aumento del dinero negro? Los notarios ni lo contemplan. “Eso ha desaparecido de las notarias. Hace mucho tiempo que las inmobiliarias declaran en las tasaciones los precios reales. Y con el control de los medios de pago nosotros les exigimos una claridad y una transparencia absoluta”, zanja su presidente.

Más preocupante es que todas las previsiones señalen que este año será peor que el pasado, ya que en 2009 los despachos contaban con la inercia de operaciones anteriores. Ese efecto se está acabando. “Nosotros tenemos siempre un desfase con el mercado. Tardamos más en notarlo y en recuperarnos”, explica María del Rosario Algora, notaria y secretaria del Consejo.

Lo constata Ojeda, con datos inquietantes. “En enero de 2010 alguna notaria de Madrid aseguraba haber vuelto a niveles de actividad del año 1972 ó 1973. Y el primer trimestre ha sido bastante malo”, subraya. No obstante, admite que a partir de abril se produjo un repunte de los ingresos en tanto algunas transacciones se adelantaron por la entrada en vigor de la subida del IVA aprobada por el Gobierno y que eleva la tributación en la escritura de compraventa de inmuebles del 7% al 8%. Un escenario que se acentuó los días previos al 1 de julio. “Pero el efecto ha sido sólo coyuntural”, reflexiona la cúpula de los notarios.

Las operaciones corporativas son el segundo gran pilar del trabajo notarial tocado por la crisis. “No se constituyen prácticamente sociedades y las pocas que hay no responden a un proyecto nuevo, sino a reestructuraciones. El mundo mercantil está paralizado”, asegura sin ambages Algora. “La constitución de sociedades ha caído de forma alarmante -corrobora Ojeda, que va un paso más allá-. En el sector bancario, lo que hemos hecho con los créditos en los últimos dos años ha sido sobre todo reestructuración de cantidades ya concedidas, ampliación de plazo, aumento

del plazo de carencia, etc. Es decir, bajadas de calidad”.

http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/gobierno-aplaza-creacion-nuevas-notarias-crisis-20100707-54759.html

La vivienda es un derecho.

BEATRIZ GIMENO - 07/07/2010 -

Hace poco el Tribunal Constitucional alemán ha impedido a Merkel recortar algunos subsidios porque ha dictaminado que tal recorte impediría a sus receptores vivir con la dignidad mínima que garantiza su constitución. Si llevamos una cuestión semejante a nuestro tribunal constitucional lo más seguro es que a sus integrantes les diera un colapso nervioso. ¿Imaginan al constitucional español teniendo que decidir lo que significa “vivir dignamente”? Pero podríamos ponerle a prueba con algo más fácil, por ejemplo, con el derecho a una vivienda. ¿Podríamos pedirle al constitucional que nos diga qué significa que todos los españoles tengamos, según la constitución, derecho a una vivienda? Ya que Rajoy quiere constitucionalizar algo tan ideológico como el déficit, ¿por qué no cumplimos antes con los derechos que la Constitución otorga a la ciudadanía?

A estas alturas yo reconozco que, como muchos, tampoco se para qué sirve el Ministerio de la Vivienda. El único objetivo de crear una estructura de ese calibre debería ser garantizar ese derecho, pero no parece que se esfuerce mucho. El otro día leía que en Francia comienza a haber indigentes con trabajo. Es decir, personas que tienen trabajo fijo pero que al no tener vivienda viven en la calle. Personas que ganan entre 800 y 1200 euros al mes y que con ese sueldo no pueden acceder ni a un alquiler y mucho menos a una hipoteca. Pronto veremos que esa situación se puede dar aquí también.

Centrados como estamos en lo que ha supuesto la industria del ladrillo y la especulación inmobiliaria para la macroeconomía nacional (y mundial) solemos pasar por alto lo que supone para las vidas de las personas dedicar su sueldo íntegro de toda la vida a conseguir un lugar para vivir y que esto se haya convertido en el objetivo prioritario de nuestras vidas. Si hasta ahora no vemos, como en Francia, a personas con trabajo pero sin casa es porque aquí muchos vamos tirando viviendo hasta los 40 con nuestros padres/madres, volviendo a la casa materna si nos divorciamos o también porque todavía no hay muchos jubilados sin vivienda. Muchas personas con sueldos bajos van heredando los pisos modestos que sus padres compraron con mucho esfuerzo. A pesar del esfuerzo que suponía esa compra, hace años era sin embargo posible. Ahora ya no lo es. El precio de la vivienda es más de lo que una persona de clase trabajadora podrá reunir en toda su vida trabajando. Podría llegar el momento en que comenzaran a jubilarse esas personas que no han conseguido comprarse un piso. Y entonces ¿qué será de ellas?

Antes, efectivamente, la cosa no era así. Los alquileres eran baratos, se llevaban una mínima parte del sueldo y la necesidad de comprar no se vivía como perentoria. Mis abuelos, por ejemplo, eran personas muy acomodadas, tenían dinero, pero vivieron siempre de alquiler. Simplemente invertir en ladrillo no se les pasaba por la cabeza. No era una inversión, las casas eran para uno mismo y la familia. Regalaron un piso a cada hijo como regalo de boda, pero no se compraron uno para ellos mismos porque les gustaba el que habitaban, de alquiler. Mucha otra gente con sueldos muy modestos sí se empeñaban en comprar por la satisfacción de tener su casa y por poder dejársela a sus hijos. Y menos mal que lo hicieron. Todas esas viudas con pensiones de entre 400 y 600 euros que aparecen en las estadísticas como pobres invisibles estarían tiradas en la calle si no fuera porque la mayoría son propietarias de sus casas. Según las estadísticas el 87% de los mayores son dueños de pisos libres de cargas. Y esa es una de las razones por las que, a pesar de todos los intentos que se hacen para convencernos de las bondades de alquilar, comprar sigue siendo necesario; porque alquilar sólo tendría sentido si los alquileres fuesen razonables -y se tuviera la seguridad de que siempre van a ser razonables- y las pensiones también. Si no compras cuando eres joven, aunque empeñes tu vida, aunque pases la vida pagando una hipoteca que te impide vivir, cuando te jubiles ¿dónde vas a vivir? Con una pensión media de 800 euros ¿quién puede pagarse un alquiler cuando esté jubilado? Si los jóvenes, y no tan jóvenes, no compramos un piso mientras podamos (aunque no podamos realmente) ¿dónde vamos a vivir de viejos? ¿Cómo podríamos pagar un alquiler con las pensiones que vamos a cobrar?

Así que hay que comprar, pero comprar con un sueldo medio es imposible. Es obligatorio tener pareja, que ésta dure siempre, o tener unos padres que te mantienen hasta más allá de lo razonable. También es mejor no tener hijos porque el tamaño de lo que podemos comprar no da para hijos. Además, nos engañan. La vivienda no baja y la famosa ley de la oferta y la demanda que se supone que beneficia a todos, es una falacia, jamás beneficia a los pobres, lo sabemos. Cualquiera que esté buscando un piso sabe que la vivienda no ha bajado apenas y eso aunque hay miles de pisos vacíos. Los propietarios de los pisos esperarán lo que sea necesario antes que vender barato. Sin embargo desde todas las instancias posibles se nos dice que es buen momento para que compremos, para que nos endeudemos de nuevo para el resto de la vida, para que hipotequemos nuestros sueldos y nuestras vidas personales sólo para tener un sitio donde vivir; lo que debiera ser un derecho básico. Si las viviendas se pusieran a precio razonable de verdad todos los demás problemas económicos resultarían más manejables. El verdadero problema es que de un sueldo de 1000 euros hay que destinar 700 como poco sólo a tener un techo y eso implica que, cualquier pequeño vaivén económico, que uno de los miembros de la pareja se quede en paro aunque sea poco tiempo, un hijo, una bajada de sueldo, un gasto extra…se puede convertir en un drama personal de consecuencias terribles.

Teniendo casa todo es más llevadero, sin casa todo es un drama. No sé por qué no hay manifestaciones pidiendo que se cumpla un derecho básico y más importante que muchos otros, el derecho a tener una vivienda. Quizá porque, como he dicho, vamos tirando de padres vivos y de herencias. Hasta ahora nos han engañado dándonos gato por liebre y en lugar de la vivienda, nos daban crédito para que nos ahorcáramos con él, pero eso parece que se está acabando. Ya no es tanto que la gente pueda o no pueda comprarse un piso, como que nuestra vida se haya convertido en la manera de ver cómo pagamos el piso. Es el momento de pedir que el Ministerio de la Vivienda sirva para abaratar la vivienda que hay, para construir viviendas baratas o para repartir las que hay y si no sirve para eso que lo quiten y que algún partido presente un plan en el que nos explique cómo convertir en un derecho efectivo lo que está recogido en la Constitución como tal.

http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=48388

Los jueces anulan la venta del piso de la incapacitada que hizo el letrado.

06.07.10 - 00:55 - J. M. | VALLADOLID.

El cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección IV de la Audiencia no sólo comenzó ayer con el encarcelamiento del letrado, sino con la anulación de la venta del piso de la calle Magallanes que éste hizo, y que era propiedad de su clienta. El fallo señala que Alonso «consideró que como ya no podía obtener más beneficio económico por la vía de los gravámenes sobre el inmueble, decidió vender la vivienda». Fue el 21 de marzo del 2006 en una notaria de Madrid donde se realizó la operación con un representante de la empresa Fermar Excavaciones y Construcciones. El letrado indicó en esta transacción que los tres gravámenes que meses antes había suscrito teniendo como aval el piso habían sido cancelados, por lo que cerró la operación por 162.650 euros. Sin embargo, esta escritura notarial no pudo ser inscrita en el Registro de la Propiedad debido a que el nuevo tutor, la Fundación de Mayores Fundamay, había procedido a anotar preventivamente la incapacitación de la mujer.

«En el otorgamiento de la escritura el acusado tampoco advirtió, ni al notario y a la otra parte, que la persona a la que representaba estaba declarada incapaz», dice el fallo, que añade que tampoco llegó a informar a su clienta de la venta.

Por ello, los tres magistrados dan la razón al letrado de la incapaz y anulan la escritura de compra-venta, y acuerdan que la empresa compradora proceda a la restitución de la vivienda de M. A. F. en las misma condiciones en las que la compró, es decir, libre de cargas y gravámenes. Deja eso sí, el derecho a la parte compradora a que sea indemnizada como responsable civil del delito en este caso por el letrado, cuyo fallo reconoce también que es insolvente.

En medios jurídicos se han calificado estos 8 años de prisión como «una pena importante», y un paso previo a la expulsión del Colegio.

http://www.nortecastilla.es/v/20100706/valladolid/jueces-anulan-venta-piso-20100706.html

La economia familiar y los vecinos.

06/07/2010 M DEL CARMEN Salcines 

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Córdoba ha celebrado su Asamblea General en la que se ha puesto de manifiesto que el primer motivo de desavenencia en las comunidades es la delicada situación de las economías familiares.

Que la morosidad iba a aumentar era algo que ya preveían los profesionales de la administración de fincas, siendo ésta la razón por la que este colectivo se está preparando para evitar que esta situación obstaculice el correcto funcionamiento de la comunidad de propietarios.

Para ello se está confeccionando una encuesta, a modo de operación estadística, con el fin de suministrar información sobre la naturaleza y destino de los gastos de la comunidad de propietarios y las condiciones de los inmuebles.

Los administradores de fincas quieren alertar a las comunidades que no se sirven del asesoramiento de profesional colegiado que están proliferando empresas que, aprovechando las circunstancias económicas sobrevenidas, presentan precios por servicios que no van a poder ofrecer o que, simplemente, no ofrecerán. A mayor abundamiento cuando vayamos a exigir el cumplimiento de la garantía, bien no responderán, bien, simplemente no existirán.

Cada vez son más las comunidades que contratan un administrador de fincas ya que el coste de este servicio "es una inversión saludable a los intereses de sus propietarios". Atrás queda cuando al administrador se le contrataba solamente ante la existencia de conflictos entre convecinos. Que el administrador pertenezca a un colegio profesional es un plus de garantía a sus administrados ya que entre sus cometidos se encuentra atender e informar debidamente al ciudadano que acuda.

Las decisiones comunitarias no pueden paralizarse por el impago de uno o varios propietarios. La Ley 8/1999, de 6 de abril, reforma promovida por el Consejo General de Administradores de Fincas, quienes se "echaron a la calle" a recoger más de 800.000 firmas, vino a resolver las deficiencias de la normativa anterior y creó un procedimiento rápido, denominado monitorio, dirigido a exigir la obligación de contribución a los gastos de sostenimiento de la comunidad. Los requisitos para interponer esta demanda son sobradamente conocidos por el profesional de la administración de fincas y hay que recordar que esta modificación legislativa introdujo la novedad de que los gastos procesales serían de cuenta del propietario que ha dado lugar a la interposición de la demanda.

El adquirente de una finca (vivienda, local, cochera...) debe dirigirse al administrador para conocer, mediante certificado emitido al efecto, que la misma no tiene deudas. Va contra la seguridad del tráfico jurídico y ocasiona litigiosidad y desavenencias entre propietarios, la práctica notarial de recoger en las escrituras de compraventa que el transmitente "manifiesta" que la finca no mantiene deudas con la comunidad. Debe recordar el comprador que el notario lo que recoge es una mera manifestación, por lo que resulta imprescindible aportar al acto jurídico el citado certificado. El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y al año natural inmediatamente anterior. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación.

Ya conocen el lema, "los profesionales titulados saben lo que hacen, otros, sólo hacen lo que saben- un administrador de fincas es una garantía". 

http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=570943

Una nueva oficina permitirá crear una sociedad limitada en dos días.

05-07-2010 / 18:00 h


Barcelona, 5 jul (EFE).- El conseller de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, ha inaugurado hoy la sede la de la Oficina de Gestión Empresarial (OGE), que permitirá "avanzar hacia la ventanilla única" y facilitar los trámites para crear empresas hasta en 48 horas en caso de las sociedades limitadas.

Según un comunicado de la Generalitat, la apertura de la OGE reducirá "considerablemente el tiempo de tramitación de la constitución de sociedades y empresas individuales".

En este caso, se podrá constituir de modo inmediato una empresa individual y en dos días una sociedad limitada (SL), gracias a la simplificación de los trámites mediante un sistema de gestión telemática.

Para Huguet, "en momentos de crisis económica grave como los actuales, hay que esforzarse como nunca para poner las cosas fáciles a los emprendedores".

De este modo, la OGE se encargará de la solicitud del NIF provisional y definitivo, la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la inscripción en el registro mercantil, los trámites con la seguridad social y la inscripción de ficheros de carácter personal a la agencia española de protección de datos.

Además, la OGE también se ocupará de la legalización de la actividad inscribiendo la empresa en el registro correspondiente y entregando los carnés profesionales necesarios.

Según el Departamento de Innovación, desde la aprobación del decreto de simplificación, la OGE ha eliminado más de 5.300 trámites. EFE

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=443590