Europa Press / SEVILLA | Actualizado 28.06.2010 - 05:04
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha sancionado con 91.675 euros al Colegio Notarial de Andalucía por acordar un sistema de compensación de honorarios entre los notarios de Málaga, Granada, Antequera (Málaga) y Santa Fe (Granada).
Según el Consejo, se ha dictado resolución sancionadora en el expediente incoado contra el Colegio Notarial de Granada, del que dependían en el momento de la actividad sancionada los notarios de Málaga, Granada, Antequera y Santa Fe, por "prácticas restrictivas de la competencia" consistentes en la aprobación de un sistema de compensación de honorarios asociado al reparto de documentos, para los notarios de estas ciudades. De esta forma, se declaró responsables de prácticas "restrictivas", calificadas como infracciones "muy graves", al Colegio andaluz de notarios, al que se le ha decidido imponer una multa de 59.084 euros por el acuerdo aprobatorio de las bases del turno de la ciudad de Málaga, de mayo de 2001, y modificados por acuerdos posteriores; otra multa de 25.364 euros, por el acuerdo de mayo de 2002 por el que los notarios de la ciudad de Granada aprueban las normas de aplicación del turno; de 4.227 euros, por el acuerdo de febrero de 2003 por el que se aprobaron las bases del turno de reparto de los notarios de Antequera; y de 3.000 euros, por acuerdo de marzo de 2004, por el que se establecen las normas para el turno de reparto de los notarios de Santa Fe. Las sanciones suman 91.675 euros.
Asimismo, en dicha resolución se explica, que en los acuerdos adoptados por el Colegio Notarial de Granada, hoy Colegio Notarial de Andalucía, para estas ciudades, se obligaba a los notarios que intervinieran en operaciones sometidas a turno de reparto (principalmente, aquellas en las que una de las partes otorgantes es una Administración) a aportar a un fondo de compensación cantidades que, en algunos casos, llegaban hasta el 80% de lo percibido por intervenir en escrituras y de hasta un 100% en el caso de pólizas. Los principales afectados de esta práctica eran los consumidores, que "se vieron privados de los descuentos previstos legalmente, ya que los notarios aportantes a dicho fondo, al no percibir la totalidad de la remuneración, no se encontraban motivados a competir entre ellos realizando rebajas en el precio de los documentos".
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