DA S/C DE TENERIFE - domingo 05 de septiembre de 2010
El 20 de mayo de este año, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo remitió a la ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, una carta en la que advertía de "ciertas disfunciones" en la Ley de Costas, que quedaron patentes durante la intervención que ante este órgano comunitario hicieron portavoces de vecinos afectados por derribos en el dominio público en toda España, entre ellos el poblado candelariero de Cho Vito.
La presidenta de la Comisión de Reclamaciones de la Eurocámara, Erminia Mazzoni, refiere en su carta que el dominio público marítimo terrestre se define en la Ley de Costas "en términos imprecisos". La falta de claridad en este sentido "ha tenido como consecuencia que las líneas de deslinde sean trazadas por ejemplo en zig-zag, lo que da cabida a interpretaciones que parecen arbitrarias". "Los deslindes", según Mazzoni, "son una constante en las reclamaciones de los ciudadanos y los criterios necesarios para hacerlos deberían aplicarse con igualdad en toda la costa española".
Otro aspecto que cuestiona el Parlamento Europeo es que la Ley de Costas de 1988 "no respeta las situaciones de propiedad privada anteriores a ella:los terrenos y las edificaciones que estaban fuera del dominio público bajo los deslindes trazados antes de esa Ley pasan a ser dominio público; en lugar de preverse la expropiación de esos terrenos, la Ley ha convertido automáticamente a los propietarios en concesionarios por 30 años, plazo prorrogable por otros 30". " Creemos que no deberían pasarse por alto las situaciones de propiedad y ocupación preexistentes durante años; y podrían hacerse operaciones concretas de expropiación, pero ello requeriría por supuesto una transparente explicación sobre cuál es el fin que se quiere lograr", añade la responsable de la Comisión de Reclamaciones europea.
Por último, Mazzoni pone de relieve que "los terrenos y sus edificaciones estaban inscritos en el Registro de la Propiedad (organismo que debe ofrecer seguridad jurídica y social), como de propiedad privada y por tanto de se presumía que pertenecían legítimamente a su propietario y no lo están, pues la Ley de Costas considera que su inscripción no es válida".
El 20 de mayo de este año, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo remitió a la ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, una carta en la que advertía de "ciertas disfunciones" en la Ley de Costas, que quedaron patentes durante la intervención que ante este órgano comunitario hicieron portavoces de vecinos afectados por derribos en el dominio público en toda España, entre ellos el poblado candelariero de Cho Vito.
La presidenta de la Comisión de Reclamaciones de la Eurocámara, Erminia Mazzoni, refiere en su carta que el dominio público marítimo terrestre se define en la Ley de Costas "en términos imprecisos". La falta de claridad en este sentido "ha tenido como consecuencia que las líneas de deslinde sean trazadas por ejemplo en zig-zag, lo que da cabida a interpretaciones que parecen arbitrarias". "Los deslindes", según Mazzoni, "son una constante en las reclamaciones de los ciudadanos y los criterios necesarios para hacerlos deberían aplicarse con igualdad en toda la costa española".
Otro aspecto que cuestiona el Parlamento Europeo es que la Ley de Costas de 1988 "no respeta las situaciones de propiedad privada anteriores a ella:los terrenos y las edificaciones que estaban fuera del dominio público bajo los deslindes trazados antes de esa Ley pasan a ser dominio público; en lugar de preverse la expropiación de esos terrenos, la Ley ha convertido automáticamente a los propietarios en concesionarios por 30 años, plazo prorrogable por otros 30". " Creemos que no deberían pasarse por alto las situaciones de propiedad y ocupación preexistentes durante años; y podrían hacerse operaciones concretas de expropiación, pero ello requeriría por supuesto una transparente explicación sobre cuál es el fin que se quiere lograr", añade la responsable de la Comisión de Reclamaciones europea.
Por último, Mazzoni pone de relieve que "los terrenos y sus edificaciones estaban inscritos en el Registro de la Propiedad (organismo que debe ofrecer seguridad jurídica y social), como de propiedad privada y por tanto de se presumía que pertenecían legítimamente a su propietario y no lo están, pues la Ley de Costas considera que su inscripción no es válida".
El Europarlamento "es consciente de que el Tribunal Constitucional español ha dicho que esto es ajustado al Derecho en España, pero el propietario a pesar de tener una propiedad consolidada en incluso inscrita en el Registro como propia, tiene que ir a los Tribunales a demostrar que es suya, pues la Ley de Costas no reconoce tal situación". Por ello, el Parlamento europeo pidió a la ministra que "estudiara en profundidad estas disfunciones" y tomara medidas.
Artículo encontrado en:http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/25779/ (Pulsar el enlace para ver íntegramente la noticia, su autor y la publicación).
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