19.04.10 - 02:51 - J. L. O. | BILBAO
La ejecución de la hipoteca, la subasta de la vivienda y su ulterior adjudicación a la entidad bancaria es el último recurso al que no sólo su propietario, sino también ésta, desea llegar. La orden en el sector financiero es clara: evitarlo si es posible. A bancos y cajas no les interesa absorber más inmobiliario del que ya tienen: casi 58.000 millones, según el Banco de España.
«El 'ladrillo' no es nuestro negocio», coinciden las entidades. Además, el proceso de embargo es largo -año y medio- y sale caro para el deudor, que sigue engordando su débito, pero también para la banca, que tiene que provisionar ese impago.
«La política de la caja históricamente, no sólo ahora con la crisis, ha sido siempre tratar de negociar y llegar a un acuerdo con el cliente antes de proceder al embargo», manifiesta un portavoz de la BBK.
Una opinión similar ofrece Caja Laboral. «Intentamos llegar a un acuerdo que permita a la caja continuar cobrando el crédito y que al deudor le produzca el menor perjuicio patrimonial. Las condiciones de la negociación dependen de cada situación, pero habilitamos periodos de carencia del préstamo, ampliaciones del plazo, refinanciaciones de todas sus deudas ...».
Tampoco en la guipuzcoana Kutxa tienen ningún interés en retener inmuebles a la espera de una recuperación del mercado. «Cuando una vivienda es adjudicada a la caja se realiza una tasación y se incorpora al resto de inmuebles que tiene para la venta. No se retiene ninguno a la espera de un incremento de valor, sino que se intenta liquidar ese inmovilizado lo más rápidamente posible».
Lo que a veces no queda liquidado, ni siquiera tras la venta de la vivienda por parte de la entidad, es la deuda del hipotecado. Si el precio obtenido por la venta no llega a cubrir la suma del débito más los intereses y los gastos generados, la entidad acreedora aún podría actuar contra otros bienes que pudiera poseer el deudor o, en último caso, contra los avalistas del mismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario