Los profesionales del sector destacan que el impago del IBI causa más perjuicios que beneficios a los propietarios de fincas y viviendas.
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REDACCIÓN A CORUÑA La revisión del Catastro contratada por el Ayuntamiento mediante un convenio con el Ministerio de Hacienda, para descubrir edificios o viviendas cuyos propietarios no abonen el Impuesto de Bienes Inmuebles no descubrirá un elevado número de irregularidades de este tipo, según los profesionales del sector, quienes aseguran que quien evita el pago de este tributo obtienen así más perjuicios que beneficios.
Herminio Carballido, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, recuerda que el Catastro se renueva de forma periódica y que son muy escasos los propietarios que eluden la inscripción de sus fincas e inmuebles. Entre los casos que puede descubrir la inspección encargada por el Concello figuran los de pisos que cambiasen su uso comercial por el residencial y que no hubiesen sido comunicados a Hacienda, así como naves industriales o añadidos a las mismas que hubiesen sido realizados en los últimos años.
"No conozco ningún caso de edificio urbano que no estuviera en el Catastro", señala Carballido, quien recuerda que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es desgravable y que quien no lo abona corre el riesgo de tener que hacerlo con intereses. El portavoz de los agentes inmobiliarios cree que nadie evita conscientemente el pago de este tributo porque si una propiedad no figura inscrita en el Catastro es imposible efectuar su venta.
Carballido destaca además que los responsables de este servicio fiscal actualizan sus datos de forma habitual y que recurren incluso a las fotografías aéreas para comprobar los cambios ocurridos en todo el territorio, a lo que añaden las inspecciones en persona de sus técnicos.
"Hoy en día el catastro es lo que funciona y lo demás funciona a través del Catastro", manifiesta el presidente de este colectivo profesional, quien destaca que en la venta de un terreno sólo es posible escriturar la superficie que aparece registrada en el Catastro y que sólo se puede modificar esa cifra mediante la apertura de un expediente en el que se justifique la existencia de un error.
"Se está imponiendo el criterio catastral sobre el registral", pone de relieve Herminio Carballido, ya que cuando la Administración lleva a cabo expropiaciones de propiedades, sólo tiene en cuenta los datos que figuran en el Catastro, pese a que no concuerden con los que aparecen en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria.
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